Revisas al proveedor, sale limpio y firmas tranquilo. El problema es que lo revisaste solo donde sabes buscar. Cuando la contraparte está fuera de Chile, "no encontré nada" y "no hay nada" son dos cosas muy distintas.
Este es el escenario que se repite. Un proveedor de insumos en Asia. Un socio comercial en España. Un cliente con matriz en Estados Unidos. Miras el registro local, no aparece nada raro, y avanzas. Meses después alguien te pregunta por una sanción vigente, una investigación de prensa en otro idioma o un vínculo político que nunca cruzaste.
Y la pregunta incómoda no es "¿cómo no lo viste?". Es "¿puedes demostrar que buscaste?".
Porque la mayoría de los procesos de debida diligencia están diseñados para el país donde opera la empresa, no para el país donde opera el riesgo.
Los tres puntos ciegos más comunes:
Relacionado: cómo se construye el perfil de riesgo de una empresa.
Ese es el hueco que salimos a tapar.
Hasta ahora la cobertura profunda de Sheriff era Chile y Perú. Para el resto del mapa lanzamos Marshal, un agente autónomo de inteligencia artificial para cumplimiento normativo y debida diligencia. Y en paralelo abrimos Colombia como nuestro segundo mercado fuera de Chile.
Marshal no es un buscador al que le pides una lista: es un agente que investiga. Recibe un nombre o una razón social, decide dónde buscar, rastrea fuentes públicas vivas —registros, medios, listas oficiales— y devuelve un perfil de integridad con las alertas encontradas y el origen de cada dato.
Cubre más de 192 países. Hoy responde en español, inglés, portugués y coreano, y el plan es sumar ruso, chino, japonés, árabe y hebreo.
Un oficial de cumplimiento no compra rapidez. Compra evidencia. Por eso Marshal genera un informe descargable con el análisis y las fuentes que lo sustentan, con fecha de consulta, pensado como respaldo de auditoría KYC/KYB.
Esa distinción es la que separa una búsqueda de una debida diligencia: no basta con saber que no encontraste nada. Necesitas poder demostrar dónde buscaste, cuándo y con qué criterio.
Y vale la transparencia: Marshal opera hoy como agente de consulta, y su integración completa dentro de la plataforma sigue en desarrollo.
Sheriff nació en Chile, cruzó a Perú y ahora suma Colombia. La lógica es la misma en los tres países: consolidar en un solo lugar la información dispersa que hoy obliga a un analista a abrir doce pestañas para decidir si firma o no.
Hoy hay conversaciones abiertas con proveedores de datos colombianos y una revisión de documentos con una firma del sector financiero para cerrar la alianza local. La meta es tener clientes operando antes del primer semestre de 2027.
Y no es una plaza elegida al azar. Colombia tiene exigencias de cumplimiento maduras —los regímenes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplican tanto a entidades vigiladas como a empresas del sector real— y la misma tensión que Sheriff ya conoce: mucha información pública disponible, poca información consolidada y accionable.
Marshal se está probando con empresas financieras en tres países que no comparten idioma, regulación ni cultura de riesgo. Es a propósito: si el agente funciona en Corea del Sur y en Portugal, funciona en casi cualquier parte.
Las primeras consultas comerciales se esperan entre este año y el próximo. El modelo de pago por consulta permite usarlo puntualmente para un caso internacional sin cambiar toda tu operación de compliance.
Con o sin tecnología, esta es la lista mínima. Si falta una capa, el proceso queda cojo.
1. Listas internacionales de sanciones.OFAC, Naciones Unidas, FBI, Interpol y los listados asociados a GAFI. Una coincidencia aquí es bloqueante, no una alerta más.
2. Personas expuestas políticamente (PEP) y su entorno.No basta con revisar al titular. El riesgo suele estar en familiares y allegados que aparecen como socios o representantes.
3. Adverse media.Menciones en prensa por fraude, corrupción, lavado de activos o crimen organizado. En el idioma local, no solo en español o inglés.
4. Estructura societaria y beneficiario final.Quién controla realmente a la empresa. Aquí se detectan sociedades instrumentales y titulares que no coinciden con quien toma las decisiones.
5. Antecedentes judiciales y administrativos.Causas, sanciones regulatorias, inhabilidades. Con el detalle de que cada país las publica distinto y no todas son públicas.
6. Coherencia documental.Que lo que te entregaron coincida con lo que dice la fuente oficial. El papel aguanta mucho.
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Porque el estándar local subió, y subió fuerte.
La Ley 21.595 llevó a más de 200 los delitos base por los que una empresa puede ser penalmente responsable. Y esa responsabilidad ya no se limita a los altos directivos: alcanza a cualquier persona con un cargo o función en la organización, e incluso a terceros que gestionen asuntos suyos. Las modificaciones sobre responsabilidad penal empresarial rigen desde el 1 de septiembre de 2024.
La contracara es el modelo de prevención de delitos. Bien implementado y documentado, puede eximir a la empresa de responsabilidad. Ahí está el punto que interesa: lo que te protege no es la buena intención, es el registro de lo que efectivamente revisaste.
A eso se suma la obligación de conservación. Los sujetos obligados por la Ley 19.913 deben mantener los registros de debida diligencia, conocimiento del cliente y operaciones con PEP por un plazo mínimo de cinco años desde el término de la relación comercial. Aunque tu empresa no sea sujeto obligado, ese plazo es una buena vara para tu propio archivo.
Traducido: "no sabíamos" dejó de ser una defensa razonable.
Una debida diligencia sin respaldo es una conversación, no un control. Para que sirva ante una auditoría o un regulador, cada revisión debería quedar con:
Y aquí está el problema práctico de hacerlo a mano: una búsqueda en el navegador no deja evidencia auditable. Ni fecha, ni fuente, ni alcance. Ese punto es el que más caro sale.
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Revisar solo al firmar es el error más común y el más caro.
Una contraparte puede estar impecable el día del onboarding y aparecer en una lista de sanciones seis meses después. La foto del día uno no te protege el día doscientos. Por eso el estándar razonable es una revisión profunda al inicio y monitoreo continuo después, concentrado en las contrapartes críticas.
Lógica 80/20: barrido masivo al comienzo, vigilancia permanente sobre las que realmente mueven tu operación.
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Sheriff opera con más de 415 5clientes institucionales entre Chile y Perú, con más de 25 fuentes oficiales conectadas y monitoreo permanente. En Chile lleva más de 766.000 identificadores evaluados y alrededor de 193.000 horas de trabajo ahorradas a sus clientes.
Marshal y la entrada a Colombia apuntan al mismo lugar: que la pregunta "¿con quién estoy haciendo negocios?" tenga una respuesta rápida y respaldada, sin importar en qué país esté la respuesta.
Monitoreamos el presente para que cuides tu futuro. 🤠
¿Qué es Marshal?
Marshal es un agente autónomo de inteligencia artificial para cumplimiento normativo y debida diligencia. Rastrea la integridad, los antecedentes y los riesgos de una persona o empresa en más de 192 países usando fuentes públicas, e identifica alertas por sanciones, fraude, corrupción, lavado de activos, crimen organizado y personas expuestas políticamente.
¿En qué se diferencia de una lista de sanciones tradicional?
Una lista es una base estática que consultas por coincidencia de nombre. Marshal investiga fuentes vivas —registros, medios, listas oficiales— y entrega el hallazgo junto con su origen y su fecha, en un informe descargable que sirve como respaldo de auditoría.
¿En qué países opera Sheriff?
Chile y Perú con cobertura local profunda, y Colombia como próximo mercado, con clientes esperados antes del primer semestre de 2027. Marshal da cobertura de compliance en más de 192 países.
¿Qué es la debida diligencia de terceros?
Es el proceso de verificar la identidad, los antecedentes y los riesgos de una contraparte —proveedor, cliente, socio o distribuidor— antes de hacer negocios con ella, y de mantener esa verificación vigente durante la relación comercial.
¿Qué debo revisar en un proveedor extranjero?
Seis capas: listas internacionales de sanciones, personas expuestas políticamente y su entorno, adverse media en el idioma local, estructura societaria y beneficiario final, antecedentes judiciales y administrativos, y coherencia entre los documentos entregados y la fuente oficial.
¿Qué es una persona expuesta políticamente (PEP)?
Alguien que ejerce o ejerció funciones públicas relevantes, y también sus familiares y allegados cercanos. No implica que haya cometido un delito: implica que la relación comercial requiere una debida diligencia reforzada.
¿Qué es adverse media?
Menciones negativas de una persona o empresa en medios y fuentes públicas —fraude, corrupción, lavado de activos, crimen organizado— que no aparecen en listas oficiales pero anticipan riesgo reputacional y legal.
¿Basta con revisar una vez, al firmar el contrato?
No. Una contraparte limpia hoy puede aparecer en una lista en seis meses. El estándar razonable es revisión profunda al inicio y monitoreo continuo sobre las contrapartes críticas.
¿La inteligencia artificial reemplaza al oficial de cumplimiento?
No. La IA hace el rastreo y arma la evidencia; la decisión de riesgo sigue siendo humana. En casos de homonimia, por ejemplo, lo correcto es una alerta preventiva que valide una persona.
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